Imprudencia Total

Todavía resuena en nuestros oídos, cuando el General Pedro de Jesús Candelier al asumir la Jefatura de la Policía en el Gobierno del Ing. Hipólito Mejía, manifestara que los agentes de carreteras, tenían a la ciudadanía cansada y a él también. La expresión del General, se produjo como consecuencia del asedio que sufrían por parte de los miembros de esa institución que patrullaban en las carreteras del país, los conductores que se trasladaban de un lugar a otro a través de dichas autopistas. Como por arte de magia y en un tiempo record, la práctica corrupta del “picoteo”, desapareció, lo que toda la ciudadanía recibió con una alta complacencia.


Podríamos decir que con esa expresión del General Candelier, se demostró que la autoridad, cuando hay voluntad política, se asume por los subalternos del poder de quien dirige.


Esa práctica que dejaba muy mal parados a los agentes de policía, que tenían la responsabilidad de evitar en lo posible el exceso de velocidad y que sin embargo era contaminada con el soborno anti ético, reducía sustancialmente la posibilidad de accidentes en las carreteras del país.


Evidentemente, que al chivo no se le hecho la sal que debió echársele, sino que hubo una debilidad en la decisión tomada, porque la misma no fue acompañada de acciones complementarias que garantizaran el control sobre el uso indebido del guía por parte de cada conductor, como sería la obligatoriedad de que las instituciones responsables de la señalización, control y alumbrado de las diferentes autopistas del país cumplieran religiosamente con ese deber. La sal resultó más que el chivo y en consecuencia, se han multiplicado la cantidad de accidentes que se originan en las carreteras del país.


Es lamentable que se haya llegado a la conclusión de que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, en que los conductores que utilizan las calles y carreteras del país conduzcan con un alto nivel de irresponsabilidad, al extremo de que los delitos menores no son controlados, porque no existen medidas cautelares o preventivas, que garanticen que todo aquel que viole la ley de tránsito deba pagar la consecuencia del delito. A diario observamos en zonas urbanas, como los motoristas, los conductores de automóviles, autobuses, patanas, etc. violan las normativas de tránsito, sin importar las consecuencias. Lo propio ocurre en las zonas rurales, donde los accidentes que se originan a diario, por la imprudencia al conducir, resultan siempre en muertes múltiples.


Cuando se originan accidentes, como el que ocurrió en la Autopista de Santo Domingo-Samaná, que resultó en la pérdida lamentable de trece vidas de personas que probablemente, estaban contribuyendo o estarían contribuyendo con el desarrollo sectorial de su entorno y la cantidad de más de dos decenas de heridos, con posibilidades de quedar mutilados a consecuencia del hecho, mostramos un alto nivel de indignación, pero más grande es dicha indignación, cuando observamos que seguimos haciéndonos de la vista gorda, sin tomar las decisiones correspondientes para que situaciones de esa naturaleza, no se vuelvan a repetir.


Podríamos recurrir al refrán que reza “la vida continúa”, pero ese refrán solo es funcional para los que no forman parte del grupo de familiares y amigos de las víctimas del accidente ocurrido por la falta de responsabilidad de Estado. Ya es tiempo, de que las autoridades que controlan el tránsito en nuestro país, cumplan con el deber sagrado de ejercer el control vehicular, que existe en todas las Naciones civilizadas del mundo, para que se reduzca la astronómica cifra de muertes fatales que año tras años muestran las estadísticas de nuestro país.

Pablo Valdez, MGP/MAI

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